El despertar de la sociedad civil
Si algo caracterizó a la sociedad civil española de finales de los setenta y comienzos de los ochenta fue la proliferación de sujetos colectivos que, hasta entonces, no habían tenido cauce legal de expresión. El movimiento LGTB, el feminismo, el pacifismo antinuclear y antiatlántico y el ecologismo no fueron fenómenos paralelos ni aislados, sino manifestaciones de un mismo proceso: la ocupación, por primera vez en cuarenta años, del espacio público como territorio de reivindicación (Gonzalo Wilhelmi, Romper el consenso, 2016, ha propuesto leer estos movimientos como una «izquierda radical» que empujó a la Transición institucional desde fuera de los partidos y sindicatos mayoritarios). A diferencia de los actores políticos convencionales —partidos, sindicatos, gobierno—, estos colectivos operaron desde la calle, la asamblea y la prensa alternativa, y su principal capital fue la capacidad de movilización directa más que la negociación institucional.
Estos cuatro movimientos compartieron, además, una misma tensión de fondo con el proceso institucional de la Transición: todos ellos nacieron, en mayor o menor medida, al calor de la clandestinidad antifranquista de los años setenta, pero pronto entraron en fricción con la lógica de consenso y moderación que presidió la reforma política. Mientras los partidos mayoritarios negociaban un cambio gradual y pactado, estos colectivos exigían plazos más cortos y reformas más profundas —la derogación inmediata de la legislación represiva, la despenalización sin condiciones del aborto, la retirada de España de la OTAN, el cierre de las centrales nucleares—, lo que les valió con frecuencia el calificativo de «radicales» frente al reformismo institucional (Wilhelmi, 2016). Este Hito recorre cuatro de esas causas —minorías sexuales, mujeres, paz y ecología— no como compartimentos estancos, sino como expresiones distintas de una misma pulsión: la de una ciudadanía que, tras décadas de tutela autoritaria, reclamaba el derecho a definir por sí misma los términos de su propia libertad.
OTAN, de entrada, no
El rechazo a la integración de España en las estructuras militares occidentales supuso el mayor desafío de movilización popular que afrontó la izquierda gubernamental durante la década. El ingreso del país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ejecutado en mayo de 1982 por el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, fue recibido con una fuerte oposición civil que consideraba la medida un alineamiento innecesario en la lógica de bloques de la Guerra Fría (Charles Powell, 2001; Ángel Viñas, En las garras del águila, 2003, para el contexto de la política exterior española de la época).
Durante la campaña electoral de ese mismo año, el PSOE instrumentalizó este descontento bajo el compromiso de convocar un referéndum consultivo y defender el lema «OTAN, de entrada no». Sin embargo, una vez en el poder, el ejecutivo de Felipe González modificó su postura argumentando razones de pragmatismo geopolítico, estabilidad exterior y la necesidad de facilitar las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que fracturó su relación con las bases de izquierda. La convocatoria final de la consulta para el 12 de marzo de 1986 dio lugar a una de las campañas políticas más tensas de la historia democrática. La Plataforma Cívica para el Rechazo a la OTAN, que aglutinaba al Partido Comunista de España (PCE), sindicatos, intelectuales y colectivos pacifistas, estructuró una red de resistencia horizontal que desbordó los cauces partidistas tradicionales.
El gobierno ligó el destino de la consulta a la propia estabilidad del Ejecutivo, planteando el «Sí» bajo tres condiciones: la no integración en la estructura militar integrada, la prohibición de instalar armas nucleares en territorio español y la reducción progresiva de las bases militares estadounidenses. El resultado final arrojó un 52,5% de votos a favor de la permanencia frente a un 39,8% a favor del «No», consolidando la adscripción geopolítica occidental del Estado pero evidenciando la existencia de una sociedad civil con una alta capacidad de fiscalización exterior.
El giro del PSOE respecto a la OTAN, que en la práctica supuso pasar de reclamar la salida de la Alianza a defender activamente la permanencia, dejó al Partido Comunista de España —entonces ya bajo la dirección de Gerardo Iglesias, que había sustituido a Santiago Carrillo— como principal abanderado del «No», al frente de una amplia coalición de partidos y organizaciones de izquierda de la que surgiría, meses después, Izquierda Unida; a esa coalición se sumaron incluso antiguos militantes socialistas que abandonaron el PSOE en desacuerdo con el cambio de rumbo de su partido. Resulta significativo, además, que la principal fuerza de la oposición conservadora, Alianza Popular, pese a ser favorable al ingreso en la Alianza Atlántica, optara paradójicamente por pedir la abstención en el referéndum, dejando a Felipe González en solitario ante el resultado —una estrategia que el historiador David Ruiz calificaría más tarde como perjudicial para la trayectoria política de su fundador, Manuel Fraga.
En la recta final de la campaña, con las encuestas mostrando una ventaja del «No», González llegó a vincular su continuidad al frente del Gobierno al resultado de la consulta, dando a entender que, de imponerse el rechazo, convocaría elecciones anticipadas en las que él mismo no volvería a presentarse como candidato; este órdago, unido al temor de una parte del electorado contrario a la OTAN a que un triunfo del «No» debilitase al Ejecutivo socialista y abriese la puerta a la derecha en un contexto todavía marcado por la memoria del 23-F, resultó decisivo para inclinar el resultado final hacia la permanencia (Dialnet, «OTAN de entrada no. El PSOE y el uso político de la integración española en el Pacto Atlántico», 1980-1986; ICIP, Revista Por la Paz, 2016). El «No» se impuso, en cambio, en cuatro comunidades autónomas —Cataluña, el País Vasco, Navarra y Canarias—, donde el peso de las fuerzas nacionalistas, independentistas y comunistas atenuó considerablemente la presión política ejercida desde Madrid sobre el electorado.
Tengo miedo, torero
La articulación del activismo por los derechos de las minorías sexuales en España a principios de los ochenta estuvo marcada por una urgente necesidad de reforma legislativa. Durante el franquismo, el marco punitivo se sostuvo sobre la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y, posteriormente, sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970), que perseguía explícitamente la homosexualidad con penas de prisión y confinamiento en centros asistenciales, entre ellos las llamadas «colonias agrícolas» de Badajoz, Huelva y Fuerteventura, verdaderos centros de reeducación forzosa (Arturo Arnalte, Redada de violetas, 2003; Geoffroy Huard, Los antisociales, 2014). Aunque las prácticas homosexuales fueron formalmente despenalizadas en enero de 1979 mediante la eliminación de los artículos punitivos de dicha ley, el colectivo continuó sufriendo una intensa persecución policial a través del delito de «escándalo público», recogido en el Código Penal. Colectivos pioneros como el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), fundado en Barcelona, y la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE), que aglutinó a organizaciones territoriales como el Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC) o el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) en Andalucía, concentraron sus esfuerzos en exigir la derogación total de estas figuras legales arbitrarias y la amnistía para los presos sociales (Gonzalo Wilhelmi, Romper el consenso, 2016).
Este ciclo de movilización tuvo su primer gran hito público el 26 de junio de 1977, cuando más de cuatro mil personas —encabezadas simbólicamente por mujeres trans, que asumieron el mayor peso de la represión policial— recorrieron las Ramblas de Barcelona en la que se considera la primera manifestación del Orgullo en la historia de España, bajo consignas como «Nosaltres no tenim por, nosaltres som» y con la exigencia central de la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. La carga de «los grises» se saldó con varios heridos y la detención de un manifestante (Colita, fotografía de la FAGC; crónicas recogidas en Infobae, 2024, y elDiario.es, 2021). Un año después, el 25 de junio de 1978, Madrid celebró su propia primera manifestación del Orgullo, convocada por el recién constituido FLHOC en coordinación con la COFLHEE, que había fijado esa fecha como Día Internacional de la Liberación Homosexual. Cerca de siete mil personas marcharon desde la calle de O’Donnell, junto a la torre de Valencia, hasta la calle Menéndez Pelayo, coreando consignas como «Amnistía total» y «Derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social» y rindiendo homenaje a las víctimas de la represión (crónica de Somos Madrid/elDiario.es, 2021). Estas dos convocatorias —la de Barcelona en 1977 y la de Madrid en 1978— constituyen el punto de arranque simbólico del activismo LGTB de masas en España, apenas dos años y medio después de la muerte de Franco.
A medida que avanzaba la década, el movimiento LGBT comenzó a transitar desde una estrategia de resistencia legal hacia la construcción de una identidad política y cultural propia. La irrupción de la crisis del VIH/Sida a mediados de los ochenta reconfiguró las prioridades de estas asociaciones, que debieron asumir funciones de autodefensa sanitaria, asistencia social y pedagogía pública ante la inacción inicial de las administraciones. Las demandas de la época, fuertemente vinculadas a la izquierda extraparlamentaria, no se limitaban a la tolerancia social, sino que reclamaban una transformación profunda de las estructuras sanitarias, laborales y familiares del país. Los documentos fundacionales de estas agrupaciones revelan un esfuerzo intelectual por conectar la liberación sexual con los derechos humanos universales, sentando las bases normativas y el debate social que, décadas más tarde, cristalizarían en avances legislativos pioneros a nivel internacional (Wilhelmi, 2016; Jordi Petit, Vocación de radical, 2003).
Una ley sobre un debate
Ley del Aborto, 1983
Antes de que viera la luz la Ley Orgánica 9/1985, el proceso legislativo atravesó un episodio jurídico decisivo que suele quedar en segundo plano frente al debate político y social: el primer proyecto de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, tramitado ya en 1983, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por 54 diputados de Alianza Popular, encabezados por José María Ruiz-Gallardón. En su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el texto no por rechazar de plano la despenalización, sino por considerar insuficientes las garantías procedimentales previstas: no se especificaba con claridad en qué centros sanitarios, públicos o privados y debidamente acreditados, debía verificarse el supuesto de hecho y practicarse la intervención, ni se contemplaba expresamente el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. El Tribunal fijó además, en una de sus consideraciones más citadas por la doctrina posterior, que la protección constitucional de la vida reconocida en el artículo 15 de la Constitución no debía entenderse en sentido meramente biológico, sino como un valor con relevancia moral que el legislador podía ponderar frente a otros derechos, como la integridad física y la salud de la mujer embarazada. Fue precisamente para subsanar esas carencias formales señaladas por el Tribunal —y no por un cambio de criterio político— por lo que las Cortes Generales aprobaron la versión definitiva, la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, publicada en el BOE del 12 de julio de ese mismo año (ADDI-EHU, «Derecho al aborto vs. objeción de conciencia»; Esade Law Review, «Evolución de la ley del aborto en España e implicaciones constitucionales», 2023; BOE, Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985).
La aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 no cerró, sin embargo, la distancia entre el reconocimiento legal del derecho y su ejercicio efectivo. La propia sentencia del Tribunal Constitucional había reconocido la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como un derecho ejercitable desde ese mismo momento, incluso antes de que existiera una regulación específica sobre su procedimiento, lo que en la práctica llevó a que un número muy elevado de médicos de la sanidad pública se acogieran a ella y a que la inmensa mayoría de las interrupciones legales del embarazo se realizaran, durante años, en clínicas privadas acreditadas y muy concentradas geográficamente en unas pocas grandes ciudades, principalmente Madrid y Barcelona (ADDI-EHU, 2019; Dialnet, «Algunas reflexiones en torno a la Ley Orgánica 2/2010»). Este desequilibrio territorial y la lentitud burocrática de los trámites de verificación reforzaron las críticas que el propio movimiento feminista había planteado ya durante la tramitación de la ley: para buena parte de la Coordinadora de Organizaciones Feministas y de las Jornadas Feministas de la época, el sistema de los «tres supuestos» —lejos de suponer un reconocimiento pleno del derecho a decidir— convertía la interrupción del embarazo en una excepción tutelada por el Estado y por la profesión médica, y no en una decisión autónoma de la mujer dentro de un plazo determinado, un debate que no se saldaría hasta la Ley Orgánica 2/2010, de plazos, casi veinticinco años después.
Nuclear, no gracias
