Una ley de punto y final
La violencia política marcó de forma indeleble el camino hacia la democracia y acabó por hacer ineludible una respuesta legislativa de alcance general. La matanza de los abogados laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977, en la que un comando ultraderechista asesinó a cinco personas vinculadas a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España, mostró la capacidad del terrorismo de extrema derecha para desestabilizar el proceso reformista y provocó un funeral multitudinario y silencioso que se convirtió en una de las grandes demostraciones cívicas de la Transición. El secuestro y asesinato del industrial guipuzcoano Ángel Berazadi Urbe por los Comandos Bereziak de ETA político-militar en abril de 1976, resuelto con la ejecución del rehén tras veinte días de cautiverio, evidenció a su vez que la violencia etarra constituía una amenaza estructural contra la convivencia y contra cualquier horizonte de normalización democrática. Ambos crímenes, procedentes de extremos opuestos del espectro ideológico, pusieron de manifiesto que la construcción de un nuevo orden exigía algo más que reformas institucionales: requería un gesto político capaz de desactivar el ciclo de violencia, liberar a los presos políticos que aún permanecían en las cárceles franquistas y permitir el regreso de los centenares de exiliados que llevaban décadas fuera de España. Ese gesto fue la Ley de Amnistía aprobada en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el 14 de octubre de 1977.
El atentado de los los Abogados de Atocha
La noche del 24 de enero de 1977, en el punto más álgido de la llamada «semana negra» de Madrid, un comando ultraderechista irrumpió en el despacho de abogados laboralistas situado en el número 55 de la calle Atocha, vinculado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España. El bufete, especializado en la defensa jurídica de trabajadores del sector del transporte y de movimientos vecinales, se había convertido en un espacio clave de la organización sindical clandestina: en sus salas se reunían sindicalistas de Metro, Renfe, EMT y autobuses urbanos e interurbanos, y desde allí se había coordinado la potente huelga del transporte que en aquellos días desafiaba abiertamente a la patronal franquista. El objetivo de los pistoleros era Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid y principal dirigente de aquella huelga, pero Navarro había abandonado el despacho apenas unos minutos antes y se encontraba en el cercano Bar Cantábrico, en la plaza de Matute. Los tres asaltantes —José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, este último escolta del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar— habían permanecido ocultos durante aproximadamente una hora en el piso superior del edificio, aguardando a que los trabajadores que asistían a una reunión de seguimiento de la huelga abandonaran el local. Sobre las diez y media de la noche, descendieron al tercer piso donde se encontraba el despacho: Lerdo de Tejada cortó los cables del teléfono mientras los otros dos, armados con pistolas Star Parabellum de nueve milímetros, obligaron a las nueve personas presentes a alinearse contra la pared y abrieron fuego a quemarropa. Murieron los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos, con secuelas de por vida, Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, esposa de Sauquillo. El atentado no fue un hecho aislado: el día anterior, Arturo Ruiz, un estudiante de diecinueve años, había sido asesinado de un disparo por la espalda por un sicario de los Guerrilleros de Cristo Rey durante una manifestación pro amnistía, y esa misma mañana del 24 María Luz Nájera, de veinte años, había fallecido al ser alcanzada por un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios en la protesta por la muerte de Arturo. La matanza de Atocha cerraba así una secuencia de violencia planificada desde la extrema derecha y desde los aparatos represivos del Estado, destinada a sembrar el terror y frenar el avance del proceso democratizador en un momento en que el GRAPO mantenía secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol.
La reacción social al crimen, sin embargo, desbordó los cálculos de quienes pretendían paralizar la Transición mediante el terror. Desde la mañana del 25 de enero, centenares de abogados del Colegio de Madrid se reunieron en asamblea permanente y libraron una intensa batalla con las autoridades para que se les reconociera el derecho a instalar una capilla ardiente y celebrar un funeral público. El Gobierno de Suárez, temeroso de que la ceremonia se convirtiera en una gran demostración de fuerza de la izquierda, intentó limitar su alcance; el propio ministro de Gobernación llegó a invocar la amenaza velada de «una tragedia aún mayor que no estaba seguro de poder evitar». Pero la presión de la abogacía en pleno, de la opinión pública y de la prensa arrancó finalmente el permiso. La capilla ardiente se instaló en la antigua iglesia de las Salesas Reales, sede del Colegio de Abogados dentro del Palacio de Justicia, donde la bandera nacional ondeó a media asta. Durante horas, un flujo incesante de ciudadanos —abogados, trabajadores, estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos de prácticamente todo el espectro de la oposición— desfiló en orden ante los féretros, rindiendo un emocionado tributo de admiración a los asesinados y a lo que representaban. A las cuatro y media de la tarde del 26 de enero comenzó el cortejo fúnebre: los ataúdes, cubiertos de claveles rojos, fueron sacados a hombros del Palacio de Justicia y trasladados a lo largo de la plaza de la Villa de París hasta la calle de Génova, donde esperaban los furgones funerarios. En la cabecera del cortejo figuró Antonio Pedrol Rius, decano del Colegio de Abogados de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía, seguido por los miembros de la junta de gobierno del Colegio vestidos de toga y por decanos y representantes de otras corporaciones profesionales. Inmediatamente detrás se situó el comité ejecutivo del Partido Comunista de España al completo, encabezado por su secretario general, Santiago Carrillo, cuya presencia pública al frente de un partido aún ilegal constituía en sí misma un acto de desafío cívico. Siete furgones funerarios transportaban varios cientos de coronas enviadas por asociaciones de barrios madrileños, despachos de abogados, partidos políticos, organizaciones sindicales, grupos de trabajadores e incluso los presos de Carabanchel. El paso de una corona de flores con la forma de la hoz y el martillo arrancó un aplauso que se extendió como una ola entre los miles y miles de personas que abarrotaban la plaza, hasta que el servicio de orden del PCE, con enorme dificultad, logró restablecer la consigna de silencio absoluto. Al paso de las coronas, numerosos asistentes levantaron el puño, en un gesto contenido y solemne que se convirtió en una de las imágenes más poderosas de toda la Transición. Un momento de tensión se produjo cuando un jeep de la Policía Armada, seguido de un autobús del mismo cuerpo, intentó romper la barrera humana en la calle de Génova: la muchedumbre silbó con intensidad y los vehículos desistieron de avanzar. El cortejo prosiguió por los paseos de la Castellana y del Prado hasta la glorieta de Atocha, desde donde los restos de Ángel Rodríguez Leal fueron conducidos al cementerio de la Almudena, mientras los de Enrique Valdelvira y Francisco Javier Sauquillo fueron trasladados al cementerio de Carabanchel. Más de cien mil personas acompañaron los féretros en un silencio impresionante, solo roto por el sonido de los pasos y el zumbido de los helicópteros que sobrevolaban la zona, mientras agentes de la Policía Armada vigilaban desde las terrazas de edificios colindantes ante el temor de que algún francotirador apostado en un tejado o ventana disparara contra el cortejo. Simultáneamente, en torno a trescientos mil trabajadores secundaron paros y huelgas en Madrid y en otras provincias, en la mayor movilización obrera desde la muerte de Franco.
El atentado de Atocha y la respuesta ciudadana que lo siguió marcaron un punto de inflexión en la Transición española, cuyo alcance político y simbólico se proyectó mucho más allá de los hechos inmediatos. La matanza fue leída por amplios sectores de la sociedad como la expresión más cruda de una estrategia de desestabilización de la extrema derecha, que pretendía provocar una espiral de violencia y abrir las puertas a una intervención militar o a una involución autoritaria. Sin embargo, la contención emocional del funeral —esa decisión colectiva de convertir el dolor en una manifestación masiva pero disciplinada, silenciosa pero inequívocamente política— demostró que la sociedad española estaba dispuesta a sostener el proceso de cambio desde la movilización pacífica. La paradoja resultó extraordinariamente significativa: las fuerzas de seguridad del Estado se vieron protegiendo, en la práctica, a los militantes de un partido que seguía siendo ilegal, mientras Santiago Carrillo y el comité ejecutivo del PCE desfilaban públicamente al frente de más de cien mil personas en el centro de Madrid. Apenas tres meses después, el 9 de abril de 1977, el Gobierno de Suárez oficializó la legalización del Partido Comunista de España en el llamado «Sábado Santo Rojo», una decisión en la que el impacto de Atocha y la madurez cívica exhibida en el funeral pesaron de forma decisiva. Para el movimiento obrero, los abogados de Atocha se convirtieron en símbolo del compromiso profesional y político con la defensa de los trabajadores y de las libertades en las condiciones más adversas: jóvenes letrados que habían elegido el derecho laboral y vecinal frente al poder y el dinero, y que pagaron con su vida esa elección. Las imágenes de aquellos féretros cubiertos de claveles rojos avanzando en silencio por el centro de Madrid, los puños alzados, las togas negras de los abogados y la multitud contenida y grave quedaron fijadas como una de las secuencias visuales fundacionales de la democracia española, y funcionaron como recordatorio permanente de lo que estaba en juego en aquel tránsito: el paso de la violencia política y el autoritarismo a un orden donde la ley, la justicia social y la participación democrática definieran el terreno común de la vida pública
Secuestro y asesinato de Ángel Berazai
La tarde del 18 de marzo de 1976, apenas cuatro meses después de la muerte de Franco, un comando de los Comandos Bereziak de ETA político-militar secuestró a Ángel Berazadi Urbe a la salida de la fábrica Estarta y Ecenarro de Elgóibar, de la que era director gerente y principal impulsor de su transformación en una moderna empresa exportadora de máquinas-herramienta. Berazadi, nacido en Zarauz en 1918 en el seno de una familia modesta, había construido a lo largo de tres décadas una trayectoria empresarial estrechamente ligada a la sociedad guipuzcoana: hablaba euskera con fluidez, patrocinaba ikastolas en Elgóibar, Zarauz y San Sebastián, era miembro de varias sociedades gastronómicas y mantenía una proximidad notoria con el PNV, lo que lo convertía en una figura difícilmente asimilable al estereotipo del «enemigo del pueblo vasco» que la propaganda de ETA intentaba aplicar a los empresarios. Los secuestradores lo trasladaron al caserío Ipiola, en Itziar, y exigieron a la familia un rescate de doscientos millones de pesetas antes del 5 de abril. Durante veinte días, los yernos de Berazadi y representantes del PNV —incluido, según varias fuentes, el propio Xabier Arzalluz— cruzaron la frontera francesa para negociar con intermediarios de los Bereziak, en un clima de enorme tensión agravado por el secuestro simultáneo de dos inspectores de policía en Hendaya y por las operaciones conjuntas hispano-francesas, que incluyeron la deportación de once refugiados etarras a la isla de Yeu. La familia no logró reunir la cantidad exigida y ofreció una suma inferior, pero los Bereziak —enfrentados a la dirección de ETA político-militar encabezada por Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, que se opuso al asesinato— impusieron la tesis del escarmiento. A la 1:45 de la madrugada del 8 de abril, el cadáver de Ángel Berazadi apareció en una cuneta de la carretera comarcal Elgóibar-Azcoitia, en el Alto de Alcorta, tendido boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca. Fue la primera vez en la historia de ETA que un secuestro terminó con el asesinato del rehén.
La noticia del hallazgo del cuerpo produjo una conmoción profunda en el País Vasco y en el conjunto de España. En Elgóibar, los trabajadores de Estarta y Ecenarro, que habían iniciado su jornada con normalidad a las ocho de la mañana, pararon sus máquinas en cuanto se extendió la noticia por la fábrica y decidieron mantener el paro durante dos días en señal de duelo. El Jurado de Empresa solicitó a la familia que la capilla ardiente se instalara en las propias naves de la factoría, para que los obreros pudieran velar ininterrumpidamente el cadáver de quien había sido su director durante más de dos décadas. La familia accedió, y a media tarde del 8 de abril el cuerpo de Berazadi fue expuesto sobre un catafalco en la nave central de la fábrica, donde centenares de trabajadores, vecinos y autoridades locales desfilaron ante los restos en un ambiente de dolor e indignación contenida. Al día siguiente, el cortejo fúnebre recorrió las calles de Elgóibar en una procesión multitudinaria que congregó a miles de personas procedentes de toda la comarca y de otras localidades guipuzcoanas. El funeral se celebró en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Elgóibar, a las 6:45 de la tarde, en una ceremonia que desbordó la capacidad del templo y que obligó a cientos de asistentes a seguir el oficio desde la plaza y las calles adyacentes. Los restos mortales recibieron sepultura en el panteón familiar del cementerio de Olaso, en la misma localidad, mientras las puertas de la fábrica permanecían cerradas. La familia Berazadi abandonó el País Vasco para no regresar: «Yo no hice ni las maletas», recordaría décadas después Cristina Berazadi, que tenía trece años en el momento del crimen.
Las repercusiones políticas del asesinato fueron inmediatas y de largo alcance, tanto dentro del nacionalismo vasco como en el conjunto del proceso de transición. El Gobierno Vasco en el exilio y el PNV condenaron el crimen «de la manera más categórica», subrayando que la víctima era «una persona decente en toda la extensión de la palabra, un hombre bueno y querido de todos». El lehendakari Leizaola anunció la suspensión del Aberri Eguna, previsto para el 18 de abril en Pamplona, en lo que debía haber sido la primera gran movilización nacionalista tras la muerte de Franco: un acto que se esperaba masivo, concebido como un cañonazo de afirmación democrática bajo el lema «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía», quedó cancelado por el duelo provocado por el asesinato. La presión del resto del nacionalismo vasco obligó a los propios polimilis a admitir públicamente, meses después, en la revista Hautsi, que «el desenlace que hemos dado al arresto de Berazadi no ha sido correcto». El asesinato marcó un punto de inflexión en la percepción social del terrorismo etarra: por primera vez, un sector significativo de la sociedad vasca, incluida la comunidad abertzale, tuvo dificultades para justificar o asumir un crimen que no encajaba en el relato de la «lucha armada» contra las fuerzas de ocupación, sino que se dirigía contra un vascófilo, euskaldun y cercano al propio PNV. El caso Berazadi inauguró, además, tres décadas de extorsión sistemática, secuestros y asesinatos contra el empresariado vasco —49 asesinatos, 52 secuestros y más de 9.000 cartas de extorsión—, una ofensiva que provocaría una sangría humana, económica y social de consecuencias devastadoras para el tejido productivo y la convivencia en el País Vasco.
La Ley de Aministía de 1977
La demanda de amnistía había sido una constante de la oposición antifranquista desde los años sesenta, pero adquirió una centralidad política decisiva a partir de la muerte de Franco y, sobre todo, tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Ya durante la dictadura, el PCE había incorporado la amnistía como pieza capital de su política de reconciliación nacional, formulada desde 1956, y las movilizaciones pro amnistía se habían extendido por todo el país durante 1976 y 1977, con especial intensidad en el País Vasco, donde las gestoras pro amnistía canalizaron una enorme presión social que incluyó manifestaciones masivas, huelgas generales y enfrentamientos con las fuerzas de orden público que dejaron varios muertos durante la llamada semana pro amnistía de mayo de 1977. El Gobierno de Suárez había promulgado ya dos indultos parciales —el de noviembre de 1975 y el de julio de 1976— y un decreto-ley de amnistía en marzo de 1977 que excluyó a los presos con delitos de sangre, lo que dejó en prisión a decenas de militantes de ETA y del GRAPO y mantuvo intacta la demanda de una amnistía total.
Tras las elecciones, la cuestión se convirtió en una de las primeras exigencias de las nuevas Cortes: el PNV presentó una moción el 14 de septiembre solicitando la amnistía total, y el 30 de septiembre los grupos socialista, comunista, socialista popular y la minoría vasco-catalana presentaron una proposición de ley conjunta que refundía todas las iniciativas anteriores y amnistiaba todos los actos de intención política tipificados como delito realizados antes del 15 de junio de 1977. UCD presentó su propia proposición el 2 de octubre, más restrictiva en determinados aspectos, y el proceso de negociación entre ambos textos, incluyendo la presión del PNV para que ningún preso vasco quedara excluido —hasta el punto de amenazar con no concurrir a futuros comicios si no se cumplía esa condición—, dio lugar al texto transaccional que llegaría al pleno.
La sesión plenaria del Congreso de los Diputados se abrió a las 12:10 de la mañana del 14 de octubre de 1977, bajo la presidencia de Fernando Álvarez de Miranda, en una jornada que los propios diputados calificaron como histórica para el parlamentarismo español. Nueve intervenciones se sucedieron a lo largo de la mañana. El primero en fijar posición fue Antonio Carro, último ministro de la Presidencia del franquismo, que habló en nombre de Alianza Popular para anunciar un «humilde voto testimonial», reconociendo orgullosamente haber tenido «el honor de proponer y refrendar el decreto de 5 de diciembre de 1975» y alertando de que con la aprobación de la nueva amnistía «estamos deslizándonos por una pendiente muy peligrosa».
En nombre de UCD, Rafael Arias-Salgado razonó el voto favorable del partido del Gobierno, calificando la amnistía como «presupuesto ético-político para la institucionalización de un Estado democrático de derecho». La intervención más esperada fue la de Marcelino Camacho, portavoz del grupo comunista, obrero fresador que había pasado largos años en la prisión de Carabanchel, y que pronunció las palabras que quedarían grabadas como emblema de la sesión: «Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?». Camacho añadió que los comunistas, «que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores», apostaban por abrir una vía de paz y libertad.
El discurso de Xabier Arzalluz, portavoz del grupo vasco del PNV, fue seguido en un silencio sepulcral por todo el hemiciclo y considerado posteriormente como la mejor intervención parlamentaria de aquella legislatura constituyente: recordó que en aquella cámara se sentaban juntas «personas que han padecido largos años de cárcel y de exilio junto a otras que han detentado responsabilidad de Gobierno y de Gobiernos que causaron esos exilios o esas cárceles», y definió la amnistía como «un olvido de todos y para todos» necesario para iniciar una convivencia democrática auténtica. Francisco Letamendia, de Euskadiko Ezkerra, se abstuvo por considerar la amnistía insuficiente si no iba acompañada de la disolución de los cuerpos represivos y del regreso de todos los exiliados, mientras que Julio Busquets, diputado socialista y fundador de la Unión Militar Democrática, emitió uno de los dos votos en contra al constatar que la ley excluía expresamente la rehabilitación de los militares de la UMD.
La proposición fue aprobada con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. Un aplauso largo, vibrante e intenso recorrió el hemiciclo; en el banco azul, todos los miembros del Gobierno aplaudieron, y el vicepresidente primero y ministro de Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, se puso en pie junto al presidente Suárez para aplaudir durante varios segundos, consciente de que las cámaras fotográficas estaban pendientes de su actitud. Solo los diputados de Alianza Popular permanecieron sin aplaudir. Entre ambos plenos —el del Congreso por la mañana y el del Senado por la tarde para la aprobación definitiva—, diputados y senadores se reunieron en sesión conjunta para recibir la visita y escuchar el discurso del presidente de México, José López Portillo, en una coincidencia cargada de simbolismo: México había sido el segundo país que más exiliados españoles acogió tras la Guerra Civil.
Las repercusiones de la Ley 46/1977 fueron inmediatas y de largo alcance. En el plano más visible, la amnistía supuso la excarcelación de los presos políticos que aún permanecían en prisión por delitos vinculados a la lucha antifranquista, pero también de decenas de miembros de ETA militar y ETA político-militar condenados por delitos de sangre: según la Fiscalía del Reino, 153 presos se vieron afectados, de los cuales 140 fueron excarcelados, y el 9 de diciembre de 1977 Francisco Aldanondo, el último preso político vasco de aquella etapa, abandonó la prisión de Martutene.
Para el conjunto del proceso de transición, la ley representó el cierre simbólico de la Guerra Civil y de la represión franquista: amnistiaba todos los actos de intención política anteriores al 15 de diciembre de 1976, los cometidos entre esa fecha y el 15 de junio de 1977 cuando respondieran al restablecimiento de las libertades públicas o a la reivindicación de autonomías, e incluía la reintegración de funcionarios civiles y militares sancionados, la anulación de extrañamientos y el reconocimiento de derechos a los herederos de los fallecidos. Sin embargo, la ley contenía una ambivalencia que se revelaría decisiva en las décadas siguientes: al amnistiar los actos represivos cometidos por autoridades y funcionarios del régimen, funcionó en la práctica como una ley de punto final que impidió el enjuiciamiento de crímenes del franquismo, una dimensión que no fue objeto de debate significativo en aquel pleno pero que el Relator de Naciones Unidas señalaría en 2014 como uno de los mayores vacíos en materia de verdad y justicia de la transición española.
En el corto plazo, la esperanza de que la amnistía desactivara el terrorismo de ETA quedó frustrada de forma brutal: el 7 de octubre, un día después de que el Consejo de Ministros ratificara el proyecto de ley, ETA militar asesinó al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y a los dos guardias civiles de su escolta, inaugurando un nuevo ciclo de violencia que se prolongaría durante más de tres décadas y que llenaría de nuevo las cárceles que la amnistía acababa de vacia.
