Pactar para salvar al país

La inflación es quizá el dato que mejor encarna aquel vértigo. En 1977, el año de los Pactos de la Moncloa, los precios subían a ritmos cercanos al 26‑27% anual, con picos que llegaron a superar el 30% en algunos momentos del año. Comprar pan, llenar la cesta de la compra o pagar el alquiler se convertía en una carrera contra el reloj: lo que hoy costaba cien, mañana podían ser ciento diez. El Estado franquista había mantenido durante años una Junta Superior de Precios que contenía artificialmente algunas tarifas, pero con el cambio de ciclo esa contención saltó por los aires y la inflación oculta se hizo visible de golpe. Para las familias, la experiencia era muy concreta: el sueldo se quedaba viejo antes de llegar a fin de mes.

Al mismo tiempo, el desempleo comenzó a emerger como un problema estructural, una novedad incómoda en un país donde el paro se había disimulado durante décadas mediante la emigración masiva a Europa. Con la crisis internacional, muchos de esos emigrantes comenzaron a regresar a España justo cuando las empresas, especialmente en la industria, recortaban plantillas o cerraban sus puertas. Las cifras oficiales dan una idea del salto: de unos 325.000 parados en 1973 se pasó a más de 620.000 a finales de 1976 y a unos 760.000 un año después, con una tasa de paro cercana al 5,7% que seguiría escalando en los años siguientes. Más allá de los porcentajes, la percepción social era clara: el trabajo empezaba a faltar precisamente cuando se abría la esperanza de una vida más libre.

A la inflación y al paro se sumaba un tercer frente: la desconfianza de los mercados y la fuga de capitales. Desde los últimos años del franquismo, empresarios y grandes fortunas habían empezado a sacar dinero del país ante el temor a cambios bruscos en las reglas del juego económico. La balanza de pagos presentaba fuertes desequilibrios, el déficit exterior superaba los 11.000 millones de dólares y la inversión privada se retraía, alimentando un círculo vicioso de menos empleo y más incertidumbre. La economía española, fuertemente intervenida y acostumbrada al corporativismo del régimen, no encontraba su sitio en un entorno internacional cada vez más competitivo.

En ese contexto, la devaluación de la peseta se convirtió en una herramienta tan técnica como dramática. A mediados de los setenta y en los primeros compases de la Transición, el Gobierno recurrió a varias devaluaciones de la moneda para intentar recuperar competitividad exterior y corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. Devaluar significaba, en la práctica, abaratar los productos españoles en el extranjero, pero también encarecer las importaciones y empobrecer a los ciudadanos dentro del país: lo que se ganaba vendiendo fuera se perdía, al menos a corto plazo, en poder adquisitivo interno. La peseta se convirtió así en un termómetro del malestar: cada anuncio de devaluación confirmaba a ojos de la gente que la crisis iba para largo.

Esta tormenta económica coincidía con una transición política frágil, en la que el nuevo Estado democrático aún estaba por construirse. El Gobierno de Adolfo Suárez, salido de las primeras elecciones libres de junio de 1977 sin mayoría absoluta, se movía en un equilibrio precario entre las presiones de los poderes económicos, el miedo de los sectores franquistas y las expectativas de una sociedad movilizada. Las fábricas y los barrios obreros vivían una intensa conflictividad laboral; las huelgas y las asambleas se sucedían, y los sindicatos recién legalizados, con Comisiones Obreras y UGT a la cabeza, se convertían en actores centrales de la escena pública. La calle era, literalmente, un parlamento paralelo.

En las grandes ciudades, las manifestaciones se volvieron parte del paisaje cotidiano. Se protestaba por los salarios, por el precio de los productos básicos, por el retraso en las reformas políticas, por la amnistía completa, por la represión policial. Cada subida de precios o noticia de cierre de una empresa podía desencadenar movilizaciones masivas, en un clima de crispación alimentado también por la violencia política, desde el terrorismo de extrema derecha y de ETA hasta los ecos todavía recientes de la matanza de Atocha. La sensación de que todo podía descarrilar —la economía, la apertura política, la paz social— estaba muy presente en la conversación pública.

Los sindicatos vivían una paradoja: su fuerza en la calle crecía al calor de la crisis, pero al mismo tiempo se les empezaba a pedir responsabilidad para no “quemar” la Transición. Los empresarios, por su parte, reclamaban un programa de ajuste que frenara la escalada de costes laborales y devolviera previsibilidad a los mercados. Los partidos de izquierda, recién llegados a la legalidad —PSOE y PCE—, debían decidir si apostar por mantener la presión social o aceptar sacrificios a cambio de consolidar la democracia. Y en medio de todos ellos, el equipo económico del Gobierno, con Enrique Fuentes Quintana al frente, advertía que, sin un pacto de amplio espectro, el país se encaminaba hacia una espiral de inflación y paro muy difícil de controlar.

La carestía de la vida se convirtió así en un problema no solo económico, sino también político y cultural. Las familias ajustaban al límite sus presupuestos, aplazaban compras, sacrificaban vacaciones y se endeudaban a tipos de interés que superaban con facilidad el 10%, y poco después el 20% en algunos créditos. Los pequeños comerciantes sufrían la caída del consumo y el aumento de costes, y muchos trabajadores veían cómo las subidas salariales pactadas en convenios quedaban por debajo de la inflación real, lo que alimentaba la sensación de injusticia. La expresión “matemáticas de la burguesía”, acuñada por el dirigente sindical Marcelino Camacho para denunciar esos acuerdos, condensaba el malestar de una clase trabajadora que sentía que pagaba los platos rotos.

En ese clima de crispación, con la sociedad en permanente movilización y una economía al borde del descontrol, surgió la idea de un gran acuerdo de país. No era solo una cuestión de cifras macroeconómicas, sino de supervivencia del propio proceso democrático. Frenar la inflación, contener el desempleo y estabilizar la peseta se convirtieron en condiciones previas para que la nueva España democrática pudiera nacer sin el lastre de una crisis inabordable. Los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, serían la respuesta a esa encrucijada. Pero antes de llegar a la mesa de negociación, el país había pasado por un túnel de encarecimiento de la vida, miedo al futuro y conflicto en la calle que dejó una huella profunda en la memoria colectiva.