23F: Ataque fallido a la democracia
El contexto: una democracia bajo presión
Tras haber completado el edificio jurídico de la Transición, Suárez tropezó con las fragilidades de una democracia recién nacida y por consolidar. Los desafíos incluían el desbarajuste económico, los ruidos de sables del sector golpista del Ejército, la ofensiva terrorista de ETA y la oposición implacable del Partido Socialista en el Parlamento. Peor aún, al atribulado dirigente le estalló en las manos su propia formación, minada por las luchas personales de poder y las divergencias ideológicas.
Desde hacía varios meses estaba en marcha una operación de acoso y derribo de Adolfo Suárez desde varios frentes. Por un lado, había varios golpes preparados para desalojarlo del poder por la fuerza. En el ámbito de la lucha política, tanto la oposición socialista como algunos «barones» de la UCD le sometían a un desgaste implacable. España llevaba apenas tres años con Constitución. La democracia era joven, frágil, y había quienes no habían renunciado a ahogarla.
En enero de 1981, convertido en la viva estampa de la soledad política, Suárez presentó la dimisión. Lo hizo en televisión, con los ojos brillantes, pronunciando una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: «No quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España».
El discurso duró diez minutos y fue emitido por Televisión Española a las 19:40. En él, Suárez no expuso razones políticas concretas, sino que apeló a una idea más honda: la de que su marcha podía ser, paradójicamente, el mayor servicio que le quedaba por prestar a España. En el discurso explicó que había llegado al convencimiento de que su salida era más beneficiosa para el país que su permanencia, y que se iba sin que nadie se lo hubiera pedido. Era una afirmación imposible de verificar, y quizá por eso resultaba tan inquietante.
Las causas exactas de su marcha siguen siendo objeto de debate: desde quienes sostienen que se fue para tratar de evitar los golpes en marcha, hasta los que señalan el hartazgo ante la deslealtad de los «barones» de la UCD, pasando por quienes consideran que el factor decisivo fue la pérdida de confianza del monarca en él. En el propio discurso, Suárez lamentó la visceralidad y el ataque personal que se estaba produciendo en la política, convencido de que todo ello perjudicaba el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Un hombre que había desmontado una dictadura desde dentro, que había legalizado partidos que nadie creía que pudieran legalizarse, que había conducido al país desde el franquismo hasta una constitución votada en referéndum, se marchaba solo, sin explicaciones claras, mientras la democracia que él mismo había construido crujía por todos los lados.
La salida de Suárez no paró el golpe, pero privó a los rebeldes de su principal excusa: derribar al culpable del caos. Su sucesor propuesto era Leopoldo Calvo-Sotelo. La sesión de investidura estaba convocada para el 23 de febrero. Los golpistas ya tenían fecha.
El asalto: 23 de febrero de 1981, 18:23 horas
El golpe de Estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F, fue un golpe de Estado fallido perpetrado el lunes 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. Los diputados y el Gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.
Los asaltantes tomaron la tribuna y al grito de «¡Todos al suelo!» dispararon varias ráfagas al techo del hemiciclo. Todos los diputados se agacharon en su escaño, tal y como se puede ver en las imágenes. Todos excepto tres: el todavía presidente del gobierno Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno. Tres hombres que representaban ideologías irreconciliables, unidos en ese instante por un gesto idéntico: permanecer sentados mientras el resto del hemiciclo se tiraba al suelo.
En Valencia, el teniente general Jaime Milans del Bosch declaró el Estado de Excepción en su región militar. La ciudad quedó ocupada militarmente por más de dos mil hombres y cincuenta carros de combate. Otros militares intentaron que la División Acorazada Brunete en Madrid se sumase a la sublevación. Por unas horas, nadie supo con certeza cuántos cuarteles estaban dispuestos a secundar el golpe. España entera aguantó la respiración. Entre tanto, la noticia había corrido por todo el país gracias a los medios de comunicación. Apostados en la puerta del Congreso, decenas de periodistas retransmitían en directo por radio y televisión los acontecimientos de lo que los ciudadanos vivieron como uno de los hechos más decisivos de la transición española. La mayoría de los ciudadanos pasaron la noche enganchados a la radio, por ello se la bautizó como «la noche de los transistores».
A las 23:30 horas llegó finalmente al palacio de la Zarzuela un equipo de Televisión Española para grabar el mensaje del Rey. Poco antes de la medianoche, Juan Carlos I entró en su despacho vestido con uniforme de capitán general y comenzó la grabación que sería difundida horas más tarde. No se emite hasta la una y doce minutos de la madrugada. En ese mensaje, con voz firme y uniforme de capitán general, el Rey pronunció las palabras que cerraron el golpe antes de que amaneciera: «La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día».
A la 1:20, Juan Carlos I confirmó al general Milans del Bosch su «rotunda decisión de mantener el orden constitucional» y que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey» al ser «contra el Rey». «Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud», dijo. A las cinco y diez de la madrugada llegó la orden de deponer las armas de Milans del Bosch: «Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de febrero».
A la mañana siguiente, a las 9 horas, se firmó el llamado «Pacto del capó», según el cual los líderes del golpe se rendían a cambio de que no se pidieran responsabilidades del grado de teniente hacia abajo. A las 11:45, los diputados abandonaron el Congreso libres de sus secuestradores. Tres días más tarde, el 27 de febrero, se realizó una de las manifestaciones ciudadanas más multitudinarias de la historia de España. Millones de personas salieron a la calle en Madrid, Barcelona y decenas de ciudades. No para celebrar nada: para dejar claro que la democracia no se negociaba.
El Tribunal Supremo, en casación, condenó a 30 años de cárcel a Milans del Bosch, Tejero y Alfonso Armada como principales responsables del golpe de Estado. En total fueron condenados doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete miembros de la Guardia Civil y un civil. El 23F no había triunfado, pero tampoco dejó el país intacto. La democracia española había superado su prueba más dura. Y al superarla, de algún modo, se hizo mayor.