La resistencia en la dictadura
Entre finales de la década de 1960 y el año 1975, España atravesó un período de notable efervescencia política, social y cultural, marcado por la progresiva erosión del régimen franquista. La llegada a la vida adulta de personas que no habían vivido la guerra civil y la tímida apertura a Europa aceleraron las dinámicas de resistencia a la dictadura ganando protagonismo los ambientes universitarios frente a la vieja guardia de los partidos políticos en clandestinidad o exilio.
En un contexto todavía regido por la censura, la vigilancia y la represión institucional, diferentes sectores de la sociedad —especialmente el movimiento obrero, las asociaciones estudiantiles, los colectivos vecinales y diversas corrientes intelectuales y artísticas— comenzaron a articular múltiples formas de disidencia.
Estas expresiones, que a menudo operaban en la clandestinidad, no solo evidenciaron el agotamiento del sistema autoritario, sino que también pusieron en circulación nuevos lenguajes políticos y culturales. A través de huelgas, publicaciones alternativas, acciones simbólicas y prácticas comunitarias, se fue configurando un tejido de oposición que anunciaba las transformaciones sociales y democráticas que culminarían con el fin de la dictadura.
La Complutense, el bastión universitario
En los últimos años de la dictadura franquista, la universidad se convirtió en uno de los principales escenarios de contestación al régimen, no solo por su peso numérico, sino por el profundo cambio social y cultural que estaba teniendo lugar en sus aulas. Desde mediados de los años cincuenta comenzaron a incorporarse estudiantes que no habían vivido la Guerra Civil y que apenas conservaban recuerdos directos de la posguerra. Este relevo generacional transformó el clima intelectual universitario: frente a las formas clásicas de oposición ligadas a los partidos clandestinos, al exilio o a la lucha armada de los años cuarenta y cincuenta, empezó a tomar forma una resistencia más visible, cultural y cotidiana, atenta a lo que ocurría en Europa y en Estados Unidos, y protagonizada por una joven clase intelectual que buscaba nuevas formas de disidencia.
La apertura internacional del régimen facilitó la entrada de ideas de modernidad, rebeldía y cambio social en una España todavía férreamente controlada por la dictadura. En ese contexto, muchos estudiantes —algunos de ellos hijos o familiares de figuras destacadas del propio franquismo— protagonizaron actos de alto contenido simbólico, cuestionando no solo el sistema político, sino también los valores familiares, morales y culturales heredados. La resistencia universitaria de los años sesenta estuvo así más cerca del espíritu del movimiento estudiantil internacional, de la cultura juvenil y de referentes como el pacifismo o el inconformismo cultural, que de la épica armada de los maquis de décadas anteriores. Los Sucesos de 1956 en Madrid marcaron un primer punto de inflexión, al evidenciar la ruptura entre la universidad y el régimen, mientras que los incidentes de 1968 conectaron la protesta española con una oleada generacional global, aunque limitada por la fuerte represión y la censura.
En este clima, la actuación del cantautor Raimon el 18 de mayo de 1968 en la Universidad Complutense de Madrid se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la protesta universitaria. Más que un simple concierto, aquel acto funcionó como un foco de movilización y de afirmación colectiva, donde música, lengua, cultura y disidencia política se entrelazaron ante miles de estudiantes. La presencia de Raimon, asociado a una canción crítica y comprometida, simbolizó la capacidad de la universidad para generar espacios de libertad efímera dentro de un sistema represivo, y evidenció el temor del régimen a cualquier manifestación cultural que escapara a su control. La rápida intervención policial y las sanciones posteriores confirmaron hasta qué punto estos actos eran percibidos como una amenaza política.
A comienzos de los años setenta, la universidad española se consolidó definitivamente como un núcleo central de oposición al franquismo en su fase final. La Ley General de Educación de 1970 no logró desactivar el conflicto y, por el contrario, alimentó nuevas protestas articuladas en asambleas, huelgas, encierros y coordinaciones entre facultades. Entre 1972 y 1973, la movilización estudiantil se hizo más persistente y comenzó a vincularse con las luchas obreras y otras formas de oposición clandestina, mientras la represión —detenciones, expedientes, cierres de centros y presencia policial en los campus— se volvía cada vez más sistemática. Lejos de desaparecer, la protesta convirtió la universidad en una auténtica escuela de socialización política para toda una generación.
En los últimos años del régimen, entre 1974 y 1975, la resistencia universitaria pasó a formar parte de la crisis general del franquismo. Aunque el control y la represión continuaron, el agotamiento del sistema era cada vez más evidente, y las movilizaciones estudiantiles siguieron siendo un factor constante de inestabilidad. La universidad actuó entonces como un laboratorio político y cultural, donde se ensayaron prácticas, lenguajes y redes que resultarían fundamentales durante la Transición democrática, contribuyendo a erosionar desde dentro uno de los pilares ideológicos y simbólicos de la dictadura.
La "Tancada d'intel·lectuals" en Montserrat
La Tancada d’intel·lectuals a Montserrat, celebrada entre los días 12 y 14 de diciembre de 1970, constituye uno de los hitos más significativos de la resistencia cultural y política contra la dictadura franquista en Cataluña. Convocados en la abadía de Montserrat, más de trescientos representantes del mundo de la cultura —entre ellos Josep Maria Castellet, Maria Aurèlia Capmany, Raimon, Montserrat Roig, Pere Portabella, Ricard Salvat, Lluís Serrahima, Jordi Carbonell y Teresa Pàmies— protagonizaron un acto de protesta sin precedentes ante el Proceso de Burgos, consejo de guerra militar instruido por el régimen contra dieciséis miembros de la organización armada ETA.
El juicio, celebrado en diciembre de 1970, no solo buscaba reprimir la actividad del nacionalismo vasco, sino reafirmar la autoridad del Estado franquista en un momento de creciente contestación social. Las condenas a muerte dictadas en Burgos provocaron una oleada de protestas nacionales e internacionales, situando al régimen ante una de las crisis políticas más graves de sus últimos años. En este contexto, la Tancada en Montserrat representó la expresión más visible del compromiso de la intelectualidad catalana con las libertades democráticas y con la defensa de los derechos humanos, en abierta oposición al autoritarismo imperante.
Durante tres días, en medio de la amenaza constante de intervención policial, los participantes debatieron sobre la situación del país y redactaron un manifiesto en el que denunciaban la represión política, la censura y el uso de la tortura, a la vez que exigían la amnistía para los presos políticos, la abolición de la pena de muerte y el reconocimiento de los derechos nacionales de los pueblos del Estado español. De aquel encuentro surgió la Asamblea Permanente de Intelectuales Catalanes, concebida como espacio de coordinación y reflexión del pensamiento crítico comprometido con la futura transición democrática. La elección del monasterio de Montserrat —símbolo espiritual y cultural del país— reforzó el significado del acto: la afirmación de una identidad colectiva y de un compromiso ético frente al autoritarismo. Desde entonces, la Tancada ocupa un lugar fundamental en la memoria antifranquista y en la historia de las luchas por la libertad en la España de la transición.
Aunque muchos de sus participantes sufrieron sanciones, censura o marginación profesional, el impacto de la Tancada fue inmediato y profundo. La repercusión internacional de su gesto contribuyó a reforzar la presión sobre el régimen, que pocos días después conmutó las penas de muerte dictadas en Burgos. El encierro de Montserrat se consolidó así como un símbolo de la confluencia entre cultura y resistencia, un episodio en que el compromiso ético y la reivindicación nacional catalana encontraron una forma de expresión común.
La vía armada
En los últimos años del franquismo, el terrorismo se convirtió en uno de los síntomas más visibles de la crisis terminal del régimen y, al mismo tiempo, en un factor que contribuyó a intensificarla. En ese periodo confluyeron varias dinámicas: la erosión del aparato político franquista, el endurecimiento represivo tras el proceso de Burgos, la internacionalización del problema vasco y la aparición de organizaciones revolucionarias de extrema izquierda que entendían la violencia armada como instrumento de ruptura.
Estos fenómenos no pueden analizarse aisladamente, pues el terrorismo no fue solo una respuesta a la dictadura, sino también un elemento que condicionó la percepción pública del orden, la seguridad y la viabilidad de una salida política. La violencia terrorista de estos años se inscribió en una lógica de confrontación asimétrica, donde pequeños grupos buscaban maximizar el impacto simbólico y mediático de sus acciones frente a un Estado que conservaba el monopolio de la fuerza pero mostraba crecientes dificultades para controlar el relato y las consecuencias políticas de esa violencia.
El asesinato de Melitón Manzanas en agosto de 1968 inauguró una nueva fase del terrorismo en España y proyectó su sombra sobre toda la década siguiente. Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social en San Sebastián, era una figura emblemática de la represión franquista, asociada a la tortura y a la persecución sistemática de la oposición. Su muerte a manos de ETA tuvo un fuerte impacto político y simbólico: por primera vez una organización armada atenta con éxito contra un alto funcionario del régimen, rompiendo la imagen de invulnerabilidad del aparato policial. En los años posteriores, y especialmente a partir de 1970, este precedente fue reinterpretado tanto por ETA como por otros grupos como la prueba de que la violencia podía alterar el equilibrio político. La reacción del Estado —endurecimiento represivo, estados de excepción, consejos de guerra— contribuyó a alimentar una espiral en la que el terrorismo y la represión se reforzaban mutuamente, consolidando un clima de excepcionalidad que caracterizó el final del franquismo.
El atentado de la calle del Correo, en Madrid, en septiembre de 1974, marcó un punto de inflexión por la magnitud de la violencia indiscriminada y por su repercusión social. La explosión en la cafetería Rolando, atribuida a ETA, causó numerosas víctimas civiles y provocó una conmoción que trascendió los círculos políticos. A diferencia de atentados dirigidos contra objetivos policiales o militares, este ataque introdujo de forma explícita a la población civil como víctima central, generando un debate público —aunque limitado por la censura— sobre la naturaleza del terrorismo y sus consecuencias morales y políticas. El atentado fue utilizado por el régimen para reforzar el discurso del orden y justificar nuevas medidas represivas, pero también evidenció la incapacidad del franquismo para ofrecer una respuesta política que no fuera exclusivamente coercitiva. La violencia, lejos de estabilizar el sistema, subrayó su agotamiento y su desconexión con una sociedad cada vez más consciente del coste humano del conflicto.
En los meses finales del régimen, la aparición del GRAPO añadió un nuevo actor al panorama terrorista, con una orientación ideológica distinta y una estrategia explícitamente revolucionaria. En octubre de 1975, en un contexto marcado por la agonía de Franco y por la incertidumbre sobre la sucesión, el GRAPO perpetró atentados que buscaban demostrar que la violencia armada no era patrimonio exclusivo del nacionalismo vasco, sino también de una extrema izquierda que rechazaba cualquier transición pactada. Estos ataques tuvieron un impacto político inmediato, pues coincidieron con las últimas ejecuciones del franquismo y contribuyeron a un clima de tensión extrema. Desde una perspectiva histórica, el terrorismo del GRAPO en este momento final puede interpretarse como un intento de intervenir violentamente en el proceso de cambio político, aunque su efecto real fue reforzar, en amplios sectores sociales, el temor al desorden y la violencia. Así, el terrorismo de 1970-1975 no solo acompañó la crisis del franquismo, sino que influyó de manera decisiva en los marcos mentales con los que se afrontó la transición, dejando una herencia problemática que marcaría los primeros años de la democracia.
En este contexto, amplios sectores de la sociedad española manifestaron un rechazo claro a la vía armada como mecanismo de cambio político, incluso cuando esa violencia se presentaba como respuesta a la dictadura. Aunque una parte de la oposición contempló durante un tiempo la lucha armada como opción legítima, la mayoría social —incluyendo a buena parte del movimiento obrero organizado, de la oposición democrática y de la Iglesia renovada tras el Concilio Vaticano II— se inclinó por estrategias de movilización pacífica, negociación y reforma política, desconfiando de cualquier deriva insurreccional que pudiera derivar en una nueva espiral autoritaria. Ese rechazo mayoritario a la violencia no desapareció con el final del franquismo, sino que se trasladó al periodo democrático, donde la consolidación de las instituciones representativas y del Estado de derecho reforzó una cultura política en la que el terrorismo fue percibido de forma creciente como una amenaza frontal a la convivencia y no como un instrumento legítimo de acción política.