Sábado Santo rojo
Legalización del PCE
El primer gobierno de Adolfo Suárez, formado en julio de 1976 tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, supuso un relevo generacional dentro del propio aparato del franquismo y colocó al frente del Ejecutivo a un político joven, sin protagonismo en la guerra civil y con amplia experiencia en la administración y en los medios de comunicación del régimen, lo que facilitó su capacidad de maniobra interna. La composición del gabinete, con ministros de entorno democristiano, liberal y procedentes del Movimiento, reflejó esa combinación de continuidad institucional y voluntad de cambio político.
Durante los primeros meses, el gobierno optó por concentrarse en la reforma política y relegar las medidas económicas de fondo, pese a una coyuntura marcada por alta inflación, aumento del desempleo y fuerte déficit exterior. Las decisiones económicas fueron parciales y prudentes, mientras se alimentaba en la opinión pública una gran expectativa de que la apertura democrática sería la vía para afrontar posteriormente los desequilibrios estructurales.
Uno de los hitos centrales de este periodo fue el diseño y aprobación de la Ley para la Reforma Política, concebida como mecanismo para desmontar el sistema franquista desde sus propias instituciones mediante el reconocimiento del sufragio universal y de unas futuras Cortes plenamente elegidas. La ley fue negociada con los principales actores del régimen y presentada como un tránsito ordenado hacia un parlamento con capacidad constituyente, manteniendo al mismo tiempo un papel activo de la Corona como garante del proceso. La obtención del apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sectores conservadores fue un objetivo prioritario, que se tradujo en cambios en la cúpula militar —como la sustitución del vicepresidente para Asuntos de Defensa, general De Santiago, por el general Gutiérrez Mellado— y en una gestión prudente de cuestiones sensibles como la legalización de determinados partidos. Este reequilibrio permitió al gobierno ganar margen de maniobra frente a posibles tentaciones de bloqueo o intervención directa del estamento militar.
La legalización del Partido Comunista de España se convirtió en una de las cuestiones más sensibles del primer gobierno de Suárez, tanto hacia la oposición como hacia el Ejército. Tras meses de presión política y de exhibición pública de sus dirigentes, el PCE logró situarse como prueba decisiva de la autenticidad democrática del proceso, al tiempo que el gobierno intentaba modular los tiempos para evitar una ruptura con los mandos militares. El trámite jurídico se articuló a través de una reforma de la normativa de partidos que limitaba la discrecionalidad del gobierno y trasladaba la decisión al Tribunal Supremo, aunque este acabó devolviendo la responsabilidad última al Ejecutivo. La inscripción del PCE en abril de 1977 provocó dimisiones en la cúpula militar y en el propio gabinete, pero también supuso la consolidación del pluralismo político y permitió la participación de los comunistas en las elecciones de junio.
Referéndum para la Reforma Política
La Ley para la Reforma Política fue aprobada por las Cortes franquistas y posteriormente sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un resultado ampliamente favorable y una participación elevada, pese a las llamadas a la abstención de parte de la oposición y a la campaña del “no” por la extrema derecha. El referéndum consolidó la legitimidad del itinerario de “reforma desde arriba” y debilitó de forma visible a los sectores inmovilistas vinculados al franquismo más duro.
En cuanto al referéndum de la Ley para la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976, fue planteado como una consulta sobre el paso de las instituciones franquistas a un sistema parlamentario basado en el sufragio universal. La campaña del gobierno se apoyó intensamente en los medios de comunicación y en el mensaje de que se trataba de elegir entre inmovilismo o apertura ordenada, frente a una extrema derecha que defendía el “no” y una parte de la oposición que llamaba a la abstención.
El resultado fue una amplia victoria del “sí”, con una participación elevada y un porcentaje minoritario de votos contrarios, lo que debilitó a los sectores inmovilistas y reforzó la posición de la Corona y del Ejecutivo para continuar la reforma. El referéndum se interpretó tanto dentro como fuera de España como la ratificación popular del camino de reforma desde las propias estructuras del régimen, y marcó el punto de no retorno hacia la celebración de elecciones generales en 1977. En paralelo, el gobierno impulsó medidas de reconciliación como la amnistía parcial de julio de 1976 y, posteriormente, una ampliación de la amnistía en marzo de 1977, que redujeron significativamente el número de presos por delitos políticos, aunque manteniendo restricciones en los casos de violencia armada. Estas decisiones estuvieron acompañadas de una intensa conflictividad social y de episodios de violencia política, especialmente en el País Vasco, así como de graves incidentes en Madrid, lo que obligó al Ejecutivo a combinar la concesión de libertades con el mantenimiento del orden público.
Finalmente, entre marzo y junio de 1977, el gobierno aprobó por decreto la ley electoral, acordó con la oposición los aspectos básicos del proceso y convocó las primeras elecciones generales por sufragio universal desde la guerra civil, celebradas el 15 de junio de 1977. Estas elecciones, que dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático encabezada por Suárez, pusieron fin al carácter designado del gobierno y abrieron una nueva fase en la que el Ejecutivo pasó a apoyarse en una mayoría parlamentaria surgida de las urnas, iniciando el ciclo constituyente.
